15 sept. 2018

Las evidencias de la SIC que comprometen a Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Aval


En desarrollo de la investigación por irregularidades administrativas en la adjudicación y desarrollo de los contratos en la Ruta del Sol 2 desde 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra varios directivos de Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Aval. Además de ratificar que se pagaron sobornos para que la multinacional brasileña y sus socios ganaran la licitación, el organismo de fiscalización imputó cargos por dos hechos más: aprovechamiento de un conflicto de intereses y contactos clandestinos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios del Estado para desconocer el régimen de la libre competencia.
La investigación de la SIC se adelantó durante 20 meses e incluyó inspecciones, recaudo de información y recepción de testimonios. En primer término, ratificó el pago de un soborno al exviceministro de Transporte y gerente encargado del Inco, Gabriel García Morales, dentro de la práctica deliberada de Odebrecht como parte de su estrategia para ganar negocios. Después evidenció que Luiz Antonio Bueno Junior, director de Odebrecht en Colombia, habría acordado con José Elías Melo, a nombre de Corficolombiana, dividirse el costo de ese soborno de US$6,5 millones entre Odebrecht y Corficolombiana, en proporción a su participación en la Ruta del Sol tramo 2.
Además se logró establecer que entre Bueno Junior y José Elías Melo habrían concertado no contarle al empresario Carlos Alberto Solarte sobre el pago del soborno, ni involucrar a su empresa, CSS Constructores, porque su participación del 4,99 % “era irrelevante en el consorcio”. Sin embargo, como era necesario restituir los dineros del soborno a Odebrecht, se hicieron pagos a través de contratos fachada de asistencia técnica, explicó la SIC.
En este mismo contexto, la Superintendencia verificó que se desviaron dineros a través de supuestos contratos con proveedores de bienes y servicios, para garantizar el reembolso que Corficolombiana habría pagado a Odebrecht, por concepto del soborno al exviceministro García Morales. Entre los pagos detectados se identificaron dineros a través de las empresas Consultores Unidos S.A., Consultores Unidos Panamá, Consorcio Bracol, Compañía de Profesionales de Bolsa y Fábrica Latinoamericana de Instrumentos Financieros. Buena parte de esos hallazgos, que deberá rastrear la Fiscalía, fueron advertidos por el controller de la concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.
El segundo capítulo de la imputación de la Superindustria tiene que ver con el aprovechamiento de un conflicto de intereses. Según el organismo, ese escenario existió entre Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Villegas, alta funcionaria de la Corporación Financiera Internacional, organización seleccionada para estructurar el proyecto Ruta del Sol. Entre las pruebas recaudadas hay correos electrónicos entre José Elías Melo y el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, en los que el primero reportaba al segundo la forma como estaban al tanto del control de la operación
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En concreto, la SIC precisó que Melo le informó a Sarmiento que María Victoria Guarín, la oficial de inversiones de la Corporación Financiera Internacional, además esposa de Diego Fernando Solano, vicepresidente del Grupo Aval, estaba a cargo de la Ruta del Sol y que estarían en contacto con ella para exponer sus expectativas. Otros correos permitieron establecer que José Elías Melo propició encuentros con estas dos personas para dar trámite a sus pretensiones en la estructuración del proyecto. En este caso específico, el organismo del Estado aclaró que ya la Sociedad de Veedores Colombianos había advertido sobre el mencionado conflicto de intereses.
La formulación de cargos recalca que ni Corficolombiana, ni el Grupo Aval, ni la Corporación Financiera Internacional promovieron medida alguna para impedir el conflicto de intereses, lo que dio ventajas anticompetitivas a quienes terminaron desarrollando el proyecto. Por este caso deberán responder, además de las empresas mencionadas, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento; el vicepresidente de planeación corporativa, Diego Fernando Solano; el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo; el vicepresidente de la misma compañía, Gustavo Ramírez; el vicepresidente de la banca de inversión, Alejandro Sánchez, y la referida María Victoria Guarín.
El otro frente de investigación se enfocó en comprobar que existieron contactos privados y clandestinos desde Odebrecht con directivos del Inco y la Corporación Financiera Internacional, desconociendo los principios de trasparencia, igualdad, selección objetiva y competencia. Lo correcto habría sido que esos contactos privados y directos se hubieran hecho de manera pública para que todos los competidores estuvieran informados. Sin embargo, lo que hizo Odebrecht fue apelar a las vías no formales, como quedó evidenciado a través de correos electrónicos y documentos. Las reuniones resultaron idóneas para generar ventajas a la sociedad futura Concesionaria Ruta del Sol.
Finalmente, el organismo oficial reveló que en desarrollo de sus investigaciones encontró que, durante la licitación pública de la Ruta del Sol, las empresas Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo, es decir, la conformación de un cartel para confrontar a sus competidores. En un correo fechado en julio de 2009, enviado por el vicepresidente de inversiones de Corficolombiana, Gustavo Ramírez, al presidente de la misma compañía, José Elías Melo, quedaron claros los términos de una reunión con Luiz Antonio Bueno Junior para concertar que su propuesta para la obra de la Ruta del Sol no tuviera que competir por precio y se eliminaran las resistencias.
Las comunicaciones evaluadas por la Superintendencia de Industria y Comercio lograron establecer que incluso el director de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Bueno Junior, llegó a tener la idea de repartir entre Odebrecht y Corficolombiana el tramo 2 de la Ruta del Sol y que el tramo 3 fuera para su competidor, Odinsa. Como esa alianza de intereses finalmente no se consumó, el organismo oficial se abstuvo de formular pliego de cargos, pero recalcó que estos hechos ilustran lo que estaban dispuestos a hacer Odebrecht y Corficolombiana, a través de sus más altos directivos, para ganar la licitación pública de la Ruta del Sol 2.
Además de los imputados mencionados, la Superintendencia incluyó en su formulación de cargos al director de Odebrecht para América Latina,Luiz Antonio Mameri; el referido director en Colombia, Luiz Antonio Bueno; el encargado de la división de operaciones estructuradas, Luiz da Rocha Soares; el director del contrato para el proyecto Ruta de Sol, Manuel Ricardo Cabral Ximenes, y el director jurídico de Odebrecht, Yezid Arocha Alarcón. La Superintendencia manifestó que, de ratificarse la violación de normas de libre competencia, los agentes del mercado investigados podrían pagar multas por $78.000 millones por cada infracción, y las personas naturales hasta $1.500 millones.
Fuente: Elespectador.com

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